La nueva ley de seguridad interior, una puerta para la militarización de México

“El poder sin legitimidad provoca las
pruebas de fuerza; la legitimidad sin
poder sólo provoca actitudes
inútiles”.
Henry Kissinger

Por: Axel Martínez

A partir del fraude electoral de 2006 y la entrada al poder de Felipe Calderón, este, en búsqueda de conseguir legitimidad interna, declararía su “guerra contra el narcotráfico”, el gobierno mexicano comenzaría a emplear a las Fuerzas Armadas sacándolas de los cuarteles para ser usadas en labores policiacas en diversas regiones del país ante la ineficacia y corrupción de estás (policía) ante la presencia del narcotráfico en Estados como Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua. En este marco la violencia se intensifico, así como las desapariciones, asesinatos a periodistas y las violaciones a los derechos humanos se incrementaron, a 11 años de iniciarse la guerra esta ha dejado más de 172, 652 muertes[1].

El actual gobierno de Enrique Peña Nieto ha continuado con la fallida estrategia de contención al narcotráfico a través de los medios militares, lo que solamente ha traído consigo un incremento en la inseguridad, el fortalecimiento económico y político de los cárteles de la droga, así como el aumento de asesinatos. Se pensaba que 2016 había sido el año con más violencia en el país [2], pero lamentablemente a pocos días para terminar el año 2017, las cifras siguieron en aumento con un promedio de 80 muertes al día [3], incluso la capital del país la cual se consideraba “blindada” ante lo que pasaba en los demás Estados, ha sido envuelta por el clima de violencia[4].

Es en este contexto en donde se da origen a la nueva Ley de Seguridad Interior, la cual ha sido aprobada vía “fast track” por las cámaras legislativas, a pesar del rechazo de la sociedad civil, las universidades más importantes del país, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y demás organizaciones civiles, quienes han manifestado su inconformidad y exigido su revisión de manera más detallada ya que este nuevo marco jurídico solo vendrá a reforzar las acciones de las fuerzas militares las cuales muchas veces llegan violentar la constitución y los derechos humanos [5] y en dónde no se ve una estrategia de reforzamiento a las fuerzas policiales, ni se ve a la vista la vuelta a los cuarteles de las fuerzas militares.

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Militares mexicanos en las calles. 

Esto ha generado miedo ante el posible uso de esta ley para poder controlar y erradicar manifestaciones de protesta social y movimientos político-electorales, esto en el marco de las próximas elecciones en 2018, a pesar de que según los legisladores en el texto se buscó proteger el libre derecho de manifestación siempre y cuando esta sea una “protesta pacífica” de conformidad a lo estipulado en la constitución, lo que deja muy ambigüa la interpretación de los militares y funcionarios gubernamentales de dicho derecho, teniendo así la posibilidad de vulnerar con esto la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Ante esto la misma ONU se pronunció por la no aprobación de dicha ley, incluso el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien visitó México en 2015, declaró que esta nueva ley “es un proyecto muy preocupante” [6] ya que no presenta ningún reforzamiento a las fuerzas policiales nacionales el cual es un pilar fundamental de la seguridad interna [7], ni tampoco una estrategia gradual para que las fuerzas armadas pongan fin a las tareas policiacas, incluso se les da mayores poderes a los militares en determinadas circunstancias poniendo a las autoridades civiles bajo su control, a lo que se suma la carente supervisión del uso excesivo y arbitrario de la fuerza sin respetar los derechos humanos, concluyendo que esta no es la respuesta para hacer frente al problema de seguridad del Estado mexicano. Por su parte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México Jan Jarab declaro: “Deberíamos dar un paso más atrás y preguntar ¿es la seguridad interior el marco conceptual adecuado para abordar los retos de criminalidad y violencia que enfrenta México?”; “el concepto de ‘seguridad interior’ se asocia a un entendimiento de la seguridad propio de los regímenes autoritarios”[8].

La nueva Ley de Seguridad Interior cuenta con 34 artículos y 5 transitorios, fue promulgada por el ejecutivo el 21 de diciembre del 2017 [9], los detractores de dicha ley han denunciado que esta le otorga demasiado poder al Ejecutivo y a las fuerzas armadas ya que estas podrán actuar unilateralmente y sin contrapesos jurídicos ante su actuar, el cual muchas veces ha rebasado los límites constitucionales y siendo el ejército la institución que más violenta los derechos humanos en el país [10], por su parte el gobierno ha defendido la normatividad argumentando que lo que se busca es solamente regularizar la presencia del ejército en las calles.

Todo esto marca un escenario en donde las fuerzas armadas seguirán en las calles, estas contaran con la venia de la ley para seguir realizando tareas de seguridad que le corresponderían a las fuerzas policiales, se seguirá afrontando el problema de la inseguridad solamente con la fuerza, estrategia que ha mostrado ser fallida, y que solo ha recrudecido la situación del país, teniéndolo al borde del caos interno. Se suma a esto las próximas elecciones presidenciales en donde se vislumbra una tensión clara entre los poderes hegemónicos y la oposición, la cual ha seguido la protesta pacífica como estrategia, pero que ante la nueva ley esta podría ser limitada (o erradicada) a consideración del Ejecutivo y las fuerzas militares al pensarlas “en contra de la paz y seguridad interna”. ¿Estaremos ante una militarización de México? La respuesta es clara, los mexicanos han estado inmersos en ella desde hace 11 años, la diferencia es que ahora es legal, más no legitima.

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