Honduras: Lento diálogo por la estabilidad

Las últimas elecciones presidenciales en el país centroamericano estuvieron marcadas por la violencia y el enrarecimiento. El descontento por las posibles irregularidades que abren la posibilidad de fraude sobre los resultados que se entregaron oficialmente el pasado 19 de diciembre donde se reeligió a Juan Orlando Hernández, han desatado el caos y la represión.

Por: Felipe Ríos

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Protestas en Tegucigalpa tras las elecciones de diciembre de 2017. Fuente: Reuters. 

El proceso electoral y los resultados, que demoraron cerca de tres semanas en ser entregados, fueron cuestionados por la Organización de Estados Americanos (OEA) debido a las claras irregularidades en los mismos, la Organización ante ello solicitó la repetición de los comicios. Estos hechos llaman la atención no solamente por el gran manto de ilegitimidad que tiene el segundo periodo del actual gobierno, sino que también extraña por el silencio de otros organismos regionales al respecto.
El reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el caso Honduras [1], que revisa el proceso electoral y sus consecuencias violentas entre noviembre de 2017 y enero de 2018, arrojó algunas conclusiones que comprometen a la fuerza pública y al gobierno de Hernández:

– La respuesta del Estado a las protestas contempló el uso desproporcionado de la fuerza y violó en varias ocasiones los Derechos Humanos; entre estas violaciones se cuentan 7 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales y al 27 de enero se habían registrado 23 víctimas mortales.

– Se aumentaron los ataques, persecuciones y amenazas a periodistas y activistas sociales y políticos, hubo casos de interrupción de la radiodifusión y se sabotearon las instalaciones de medios críticos al Gobierno.

– La actual violación a los Derechos Humanos tiene como contexto la crisis estructural
heredada del golpe de Estado militar en 2009 y la demora de las diferentes reformas de
carácter social, económico y político.

– No hubo cooperación de las instituciones del Estado para informar a la Oficina del Alto
Comisionado sobre los sucesos violentos y la responsabilidad de las fuerzas militares en el marco electoral.

Con este contexto de comprobadas violaciones a Derechos Humanos y excesos en el uso de la fuerza, se han realizado varios encuentros entre los diferentes partidos políticos contando con la participación de Naciones Unidas [2] en aras de solucionar la crisis, los cuales han establecido la conformación de una comisión para la investigación de asesinatos y violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las elecciones, y también se han comprometido a mantener las reuniones preparatorias para definir una agenda de dialogo nacional [3]. Sin embargo estos esfuerzos aun no han logrado un acuerdo sólido que eluda la ingobernabilidad y supere la ola de confrontación social.

Y es que los problemas en Honduras son de gran calado. Desde los 70’s el narcotráfico y el crimen organizado han impactado la vida social cooptando al Estado y elevando los índices de violencia, y como lo mencionamos, a partir del golpe de Estado en 2009 el gobierno ha perdido legitimidad democrática ampliando el descontento social. Según cifras oficiales [4], pese a una leve reducción respecto al año anterior, la violencia no cesa, prueba de ello es que en los primeros dos meses de 2018 se han registrado 619 homicidios con una media de 10,5 asesinatos al día.

Para atizar esta situación de crisis en el país, la presunta vinculación del gobierno de Hernández con negocios del narcotráfico, ha sido una de las principales acusaciones que le ha restado credibilidad y ha profundizado los argumentos en su contra.

En el corto plazo, la salida a la actual crisis no es muy clara, pues la oposición se debate entre mantener las protestas y buscar salidas negociadas que pueden restar las presiones al presidente Hernandez sin sacarlo del poder, mientras que el gobierno no ha sido diligente en el dialogo y en el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, es menester reconocer que la sociedad latinoamericana en su conjunto parece tener dos dificultades vertebrales que se repiten en Honduras: la incapacidad para establecer una democracia real que incluya a la totalidad de la sociedad y evite la violencia, y la cooptación de grandes espacios del poder político y económico por la corrupción que la mantiene en la pobreza.

 

 

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