Desafío en las relaciones colombo-ecuatorianas

Un caso reciente que conmocionó las relaciones internacionales en el continente americano el pasado 13 de abril  fue el asesinato de tres periodistas ecuatoriano de “El Comercio” a manos de alias “Guacho”. Este fenómeno revela las complejidades fronterizas entre Colombia y Ecuador, las redes de narcotráfico en el escenario regional y el surgimiento de grupos armados residuales de la extinta guerrilla de las FARC-EP en el marco del post-conflicto. Cabe aclarar que este hecho se constituye como un asunto importante en la política internacional, pues se refiere a una situación que tensiona intereses en el espacio global e incluye actores de la sociedad internacional.

Por: Felipe Ríos. Internacionalista Universidad Autónoma de Colombia.

El Estado colombiano, el Estado ecuatoriano y el grupo armado Frente Oliver Sinisterra compuesto principalmente por excombatientes de la columna Daniel Aldana de las FARC- EP al mando de Walter Arízala alias “Guacho”, se presentan como los actores más importantes del conflicto fronterizo. Se podría incluir en el anterior grupo a la población
civil, la Cruz Roja, la iglesia católica u organizaciones de inteligencia estadounidense, sin embargo, solo están jugando un papel secundario de subordinación.

El Estado colombiano tiene una presencia militar en Tumaco y zonas aledañas, donde opera y tiene control territorial el Frente de excombatientes. Pese a que la presencia institucional del Estado es deficiente en la zona, el poder militar es de 12.000 hombres en el departamento de Nariño y en el resto de la zona fronteriza es de 57.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Para el Ecuador la magnitud del problema del narcotráfico y la violencia que de esto se desprende, no había sido un elemento central en su política exterior. El problema fronterizo no había cobrado relevancia internacional desde la incursión de aviones militares colombianos en territorio aéreo ecuatoriano con el objetivo de eliminar a Raul Reyes, uno de los exjefes de las FARC-EP.

En días recientes, según declaraciones del almirante John Merlo, se han desplegado en la frontera 10.000 soldados y policías, teniendo como punto de referencia la provincia de Esmeraldas [1]. No obstante y pese a los esfuerzos realizados por el Ecuador, la captura de “Guacho” no se ha dado y los costos políticos han obligado a la renuncia de algunos ministros. Por su parte, el Frente Oliver Sinisterra tiene control territorial en zonas de cultivos de coca en el Suroccidente colombiano. La información es ambigua, sin embargo, se estima que son cerca de 200 hombres los que realizan labores operativas, controlan las rutas del narcotráfico que anteriormente estaban bajo la supervisión de las FARC-EP y gozan de cierta legitimidad en la población al reconocerlos como garantes de la seguridad. Según información oficial el Frente podría recibir rentas de millonarias semanalmente y tendría una conexión directa con el cartel de Sinaloa, en México.

Pese a la relevancia que podría tener el Frente, varios analistas expresan que es el eslabón más débil del narcotráfico en la frontera colombo ecuatoriana, pues tal como lo ha dicho el Ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, “tienen que tener detrás una organización mucho más grande que puede estar relacionada con el crimen organizado transnacional y terminar en México” [2]. Lo claro es que el conflicto armado involucra al Frente Oliver Sinisterra como enemigo común del Estado colombiano y ecuatoriano, donde tales Estados han establecido una relación de cooperación militar binacional con ayuda de la DEA y el FBI norteamericano. Uno de los planes inmediatos en la cooperación inter Estatal, fue el establecimiento de USD$100 mil como recompensa por información que permita la captura de Walter Arízala y un despliegue militar coordinado en la zona de frontera.

Lo que se tiene, a fin de cuentas, es que el problema del tráfico internacional de drogas ilegales se sale de la esfera más estricta de la relación entre Estados pues siguiere un tratamiento de carácter regional, incluye un actor relativamente nuevo en el escenario global definido comúnmente como criminalidad transnacional y, al incluir las recientes acciones de los grupos residuales de las FARC-EP, plantea el dilema conceptual sobre el tratamiento a estos grupos entre rebeldes y criminales.

En la inmediatez esta situación ha intentado ser resuelta a través del poder militar y las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, no obstante, el jefe del Estado colombiano, Juan Manuel Santos, ha planteado en varias ocasiones la necesidad de modificar la estrategia mundial de lucha contra las drogas. De tal manera que en el campo de las ideas y el establecimiento de nuevos valores respecto al problema del narcotráfico, el presidente Santos insta a la aplicación del principio de corresponsabilidad, la revisión de este tema desde el consumo y el tratamiento diferenciado a los cultivadores.

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