Disidencias de las FARC-EP: Actualización de la guerra en el posacuerdo

El pasado 13 de abril, Walter Arízala, comandante del frente “Oliver Sinisterra” compuesto por disidentes de las FARC-EP, dio órdenes para asesinar a tres periodistas ecuatorianos del diario “El Comercio”. El episodio sacudió las relaciones colombo ecuatorianas y puso de manifiesto la compleja realidad del posacuerdo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP.

Por: Felipe Ríos. Internacionalista de la Universidad Autónoma de Colombia. 

En este sentido y pese a que se mantiene una gran expectativa respecto a los resultados del acuerdo para la finalización del conflicto, la realidad es que su efectividad es relativa pues no se han solucionado las causas que le dieron origen, emergen nuevas dinámicas de violencia y persiste la violación de DD.HH. en el territorio nacional.

El informe “Trayectoria y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC” publicado por la Fundación Ideas para la Paz en abril de 2018, hace una caracterización detallada del fenómeno. A la fecha de publicación del informe se contaban con 18 estructuras disidentes con elementos comunes y rasgos diferenciadores. Entre los elementos compartidos se cuentan repertorios de violencias similares, vinculación a economías ilícitas como fuente de financiamiento y rechazo al acuerdo de paz. Como diferenciadores hay perfiles específicos de carácter más político y militar que hacen trabajo de masas con la población y tienen reivindicaciones fundacionales; en contraste, hay elementos con mayor cercanía a la criminalidad que intimidan a la población, persiguen a antiguos compañeros desmovilizados y dan prioridad a los negocios ilegales.

Sobre su capacidad militar, el informe considera que son más de 1.200 hombres los que pertenecen a estas estructuras de disidentes y 147 los hechos violentos sucedidos entre 2016 y 2018. Pese a que sus acciones se presenten en mayor medida en territorio colombiano, también se menciona que los grupos se han expandido hacia Ecuador, Venezuela y Brasil con el objetivo de mantener control sobre corredores de tráfico ilícito y establecer contacto con mafias internacionales. Tal situación obliga a que su tratamiento se dirija a acciones coordinadas de carácter regional y global con ánimo de afectar a toda la estructura.

El informe también advierte que la respuesta institucional ha sido insuficiente para contener las nuevas dinámicas que plantean las disidencias, pues utiliza procedimientos que han demostrado ser ineficaces en el desmonte de grupos guerrilleros. Las Fuerzas Militares colombianas, pese a la perspectiva de la Fundación, han actualizado las formas de aproximarse al problema. Prueba de ello es la directiva 037 de 2017 [1] donde se caracteriza a los disidentes como Grupo Armado Organizado residual, se protege a miembros de las Fuerza Militares sobre procesos penales, se continua depositando en el ejército labores de la Policía y se imparten directrices relacionadas al uso de la fuerza. Lo anterior también se refiere a una nueva posición que asume el Estado frente al principio de proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario (DIH), pues considera que tales excombatientes son un grupo de gran poder de fuego que debe ser combatido con toda la fuerza disponible, incluso al punto de usar ataques aéreos con bombas [2]. Este tratamiento a los nuevos grupos armados dentro de los parámetros del DIH y no desde la legislación nacional como criminales comunes, implica definir a los disidentes como enemigos en una guerra, que de ser contra insurgente ha pasado a ser contra el narcotráfico y la criminalidad.

Junto al aumento del presupuesto y efectivos militares en la frontera con Venezuela, el ejército reorienta sus objetivos prioritarios. El comandante del Ejército Nacional, el general Ricardo Gómez Nieto, asegura que “…las llamadas disidencias de las Farc pasan a ser el enemigo prioritario y es sobre este que estamos volcando todo nuestro empeño, cumpliendo la orden presidencial y ministerial…” [3].

En términos ideológicos, la izquierda revolucionaria que representaba las FARC- EP ha entrado al escenario de la democracia liberal aceptando sus reglas y estableciendo su estrategia política por vías legales. Por su parte, las disidencias se baten entre reivindicaciones fundacionales de carácter subversivo y la inevitable adición a negocios criminales como grupo armado con entrenamiento para la guerra. Tal situación da nacimiento a una suerte de rebeldes criminalizados, que en principio degradan la guerra insurgente a una confrontación mercenaria sin legitimidad política y desprovista de figuras heroicas.

Sumado a lo anterior, estos grupos con un influjo revolucionario, se adhieren con más fuerza a la dinámica internacional del tráfico de drogas y participan en la solidificación de nuevos financiadores de la guerra. Debido a la cada vez mayor inserción global del negocio del narcotráfico, la lucha contra la droga se sitúa en el campo de lo intraestatal y presenta una fuga a los conceptos de guerra, territorialidad y soberanía.

Lo cierto es que pese a que los disidentes carezcan de legitimidad, el Estado colombiano no ha podido retomar su control en los espacios geográficos dejados por las FARC-EP, no ha logrado dominar el monopolio de la violencia legítima y tampoco ha actualizado el contrato social para superar los problemas estructurales causantes de las rebeliones. Finalmente todo lo anterior demuestra que el fenómeno de la disidencia es un elemento definitorio en la actualización de la guerra en Colombia, que pasa de un marco contrainsurgente a otro contra las drogas y recibe un tratamiento diferente por parte de las fuerzas del Estado.

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